Resolución de 11 de diciembre de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas inf
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Congreso ha dado luz verde a un decreto urgente que flexibiliza las reglas para que municipios, provincias y comunidades autónomas inviertan dinero de forma más ágil. La norma también actualiza cómo deben funcionar los sistemas informáticos que manejan datos públicos. **A quién afecta** Principalmente a administraciones locales y autonómicas (ayuntamientos, diputaciones, gobiernas regionales) que ahora tendrán menos trámites para ejecutar proyectos de inversión. También afecta indirectamente a ciudadanos si esos proyectos impactan en sus servicios o infraestructuras. **Qué cambia** Los entes locales y autónomicos podrán invertir con procedimientos más simplificados, lo que acelera decisiones sobre obras públicas, equipamientos o servicios. Simultáneamente, se endurecen estándares de ciberseguridad en los sistemas informáticos públicos para proteger mejor los datos ciudadanos frente a hackeos y brechas de seguridad. **Cuándo** Entra en vigor desde el 2 de diciembre de 2025 (fecha del decreto original). El Congreso lo ha convalidado el 11 de diciembre, confirmando que sigue adelante sin cambios.
💬 Contexto ciudadano
La Resolución del Congreso que convalida el Real Decreto-ley de flexibilización de la inversión de administraciones locales y actualización de sistemas de información pública responde a dos demandas acumuladas del sector público local: la restricción del uso de remanentes de tesorería por la estabilidad presupuestaria y la adaptación al Reglamento Europeo de Gobernanza de Datos. La parte de inversión local permite a ayuntamientos con superávit reinvertir sus remanentes con menos restricciones, dando respuesta a la crítica histórica de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria obligaba a muchos municipios a acumular fondos ociosos mientras sus infraestructuras se deterioraban. La parte de sistemas de información incorpora los estándares del Data Governance Act europeo, alineando la administración española con el mercado único de datos que la Comisión impulsa como pilar de la soberanía digital europea.