Real Decreto-leyNacionalvigente

Resolución de 11 de diciembre de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

BOE-A-2025-25694Publicada: 16/12/2025CORTES GENERALES

¿Qué dice esta ley?

**Qué es** El Congreso ha decidido mantener un decreto del Gobierno (una norma aprobada directamente sin pasar por el proceso legislativo normal) que regula los salarios en la administración pública y organismos públicos. Esta aprobación parlamentaria convierte la medida en definitiva y vinculante. **A quién afecta** Principalmente a empleados públicos (funcionarios, personal laboral de administraciones, hospitales, universidades públicas). Indirectamente, a todos los ciudadanos porque afecta el gasto en servicios públicos y la sostenibilidad presupuestaria del Estado. **Qué cambia** Las medidas sobre retribuciones del sector público (aumentos salariales, complementos, estructura de nóminas) que el Gobierno aprobó por urgencia quedan ahora confirmadas y seguirán siendo válidas. Sin convalidación, habrían caducado automáticamente. **Cuándo** El acuerdo de convalidación se produjo el 11 de diciembre de 2025. El decreto-ley original es de 2 de diciembre de 2025, así que la medida ha estado en vigor desde esa fecha mientras se tramitaba esta aprobación parlamentaria.

💬 Contexto ciudadano

La Resolución del Congreso que convalida el Real Decreto-ley sobre retribuciones del sector público fija el marco salarial de los empleados públicos en línea con los acuerdos alcanzados en la Mesa General de las Administraciones Públicas. La convalidación parlamentaria de las medidas retributivas es un trámite habitual cuando la negociación colectiva en el empleo público se cierra fuera del período ordinario de tramitación presupuestaria. Comparado con los sistemas de negociación salarial en el sector público de Alemania o Francia, donde los incrementos se negocian centralizadamente con los grandes sindicatos del sector, el modelo español de negociación por mesas sectoriales es más fragmentado pero más representativo de las particularidades de cada colectivo funcionarial. Los acuerdos estatales de Función Pública son posteriormente volcados como suelo salarial en los presupuestos de cada CCAA, condicionando el gasto en personal del conjunto del sector público español.

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