Sentencia de 22 de septiembre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso de casación número 293/2020 contra la Resolución de 29 de junio de 2017 del Jurado de Expropiación de Galicia, sobre justiprecio de finca expropiada.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una sentencia del Tribunal Supremo español que revisa y anula una decisión anterior sobre el precio que debe pagar el Estado por la expropiación de una finca en Galicia. Se trata de un recurso de casación, que es el último nivel de revisión en los tribunales españoles. **¿A quién afecta?** Afecta a Alberto Manuel Núñez Pérez (quien heredó los derechos de Carmen Fernández Iglesias), propietario de la finca expropiada. También afecta al Jurado de Expropiación de Galicia, cuya decisión sobre el precio de la finca es anulada por el Tribunal Supremo. **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal Supremo ordena que se vuelva a determinar el precio de compensación (justiprecio) sin restar el dinero que deben recibir los arrendatarios de la finca. Es decir: el propietario tiene derecho a recibir la compensación completa sin que se le descuente lo que el Estado deba pagar a los que alquilaban la finca. La sentencia anterior que reducía el precio queda sin efecto.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta sentencia, la determinación del justiprecio en expropiaciones forzosas era objeto de controversia interpretativa respecto al tratamiento de cargas sobre la finca (como deudas de arrendatarios), siendo común que los Jurados de Expropiación aplicaran descuentos en la compensación. Esta resolución del Tribunal Supremo armoniza la interpretación nacional con principios de derecho fundamental a la propiedad reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (artículo 17), estableciendo que el justiprecio debe preservar la integralidad patrimonial del expropiado. Aunque la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 es uniforme en todo el territorio nacional, esta sentencia fija jurisprudencia vinculante que protege especialmente los derechos de propietarios galileos. Para el ciudadano significa mayor seguridad jurídica en expropiaciones: la compensación no puede reducirse por obligaciones ajenas al dominio, fortaleciendo garantías constitucionales fundamentales.