Real Decreto 1030/1985, de 19 de junio, por el que se aprueba el Arancel de derechos de los Procuradores de los Tribunales.

💬 Contexto ciudadano

Antes del Real Decreto 1030/1985, no existía una norma específica que regulara los derechos de los Procuradores de los Tribunales a nivel estatal, mientras que las Comunidades Autónomas (CCAA) ya habían establecido sus propios aranceles. Esta norma supuso una armonización con la normativa europea, que exigía un marco común para garantizar la igualdad de trato y la transparencia en la práctica profesional. La importancia radica en que estableció un marco uniforme, facilitando la movilidad de los abogados entre comunidades y alineándose con los estándares de la Unión Europea.