Real Decreto 61/2022, de 25 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 61/2022 modifica el Real Decreto 345/2011 para incorporar a la legislación española la Directiva Europea 2019/1936 sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias. Actualiza los procedimientos de evaluación de impacto, auditorías, inspecciones y evaluación de seguridad en las carreteras del Estado, con el objetivo de lograr un nivel de seguridad elevado y uniforme en toda la red. **¿A quién afecta?** Se aplica a las carreteras de la Red Transeuropea de Carreteras, a las autopistas y a otras carreteras principales de la Red de Carreteras del Estado, independientemente de si están en fase de planificación, proyecto, construcción o servicio. También afecta a otras carreteras que reciban financiación de la Unión Europea ubicadas fuera de zonas urbanas, excepto las que no están abiertas a la circulación general de vehículos a motor. Pueden eximirse las carreteras principales con bajo riesgo de seguridad debidamente justificado. **¿Qué cambia o establece?** Amplía el número de carreteras bajo estas normas, modifica los procedimientos de gestión de seguridad vial y establece que los informes sobre accidentes incluyan localización con coordenadas y gravedad. Define nuevos términos como "carretera principal" (autovía fuera de zonas urbanas que conecta grandes ciudades o regiones) e introduce procedimientos específicos para garantizar un nivel de seguridad elevado con el fin de reducir accidentes de tráfico y sus consecuencias.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 61/2022 actualiza la normativa estatal de 2011 mediante la transposición tardía de la Directiva Europea 2019/1936, vinculante en toda la Unión desde 2019. Mientras el anterior marco de 2011 establecía procedimientos básicos de evaluación y auditoría de seguridad, esta reforma introduce exigencias más rigurosas en inspecciones, establece informes con localización precisa de accidentes y amplía el alcance normativo a más carreteras del Estado. Todos los Estados miembros, incluidas las comunidades autónomas en su competencia, están obligados a implementar estos estándares armonizados. Su relevancia para el ciudadano radica en procedimientos coordinados a nivel europeo que pretenden reducir la siniestralidad y mejorar la consistencia en respuesta a incidentes viales.