Real DecretoNacionalvigente

Corrección de errores del Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-2329Publicada: 15/02/2022MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una corrección de un error encontrado en un Real Decreto anterior (de 2021) que establecía ayudas para mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. El error estaba en el documento publicado en el Boletín Oficial del Estado. Se corrige escribiendo el importe correcto que se había incluido de forma equivocada. **¿A quién afecta?** Afecta a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, que son quienes reciben estas ayudas para ejecutar obras de mejora en infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. **¿Qué cambia o establece?** Cambia el importe máximo de la ayuda que estaba indicado como 116.660 euros, que pasa a ser 16.660 euros. Esta es la cantidad correcta que debe figurar en el documento oficial, corrigiendo así el error que había en la publicación anterior.

💬 Contexto ciudadano

El Real Decreto 990/2021 inscribía sus ayudas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Unión Europea para modernizar infraestructuras de telecomunicaciones en edificios tras la pandemia. Antes de esta iniciativa, no existía un programa estatal específico para tal financiación. El PRTR representa un enfoque común europeo implementado por todas las CCAA que prioriza la digitalización como cohesión territorial. La corrección de errores ajustando el importe de 116.660 a 16.660 euros resulta crítica para los ciudadanos, pues incide directamente en la disponibilidad presupuestaria destinada a mejorar su acceso a conectividad de calidad. Su relevancia radica en garantizar distribución correcta de fondos entre todas las comunidades autónomas.

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