Decreto-ley 13/2021, de 28 de octubre, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión directa de subvenciones destinadas a paliar la difícil situación económica que atraviesan, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinados sectores económicos, agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y pesqueros.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una norma urgente del Gobierno de Canarias que autoriza dar dinero directamente (subvenciones) a agricultores, ganaderos y empresas de alimentación y pesca que han perdido ingresos por la crisis del COVID-19. El dinero viene con permiso de la Unión Europea, que lo permite como ayuda temporal hasta finales de 2021. **¿A quién afecta?** Afecta a personas y empresas que trabajen en agricultura, ganadería, sector agroalimentario y pesca en Canarias. Especialmente a quienes venden sus productos a restaurantes, hoteles y cafeterías, que cerraron o redujeron aforo durante la pandemia. No pueden estar en quiebra en ese momento, aunque hay excepciones para empresas muy pequeñas que ya estaban en crisis antes de 2019. **¿Qué cambia o establece?** Crea un sistema para entregar subvenciones directas a estos sectores sin necesidad de que presenten un proyecto o concurran con otros. Los requisitos son: demostrar pérdidas económicas por la pandemia, no estar en procedimiento concursal, y cumplir con los límites de tamaño de empresa que marca la Unión Europea (menos de 50 personas para pequeñas empresas, menos de 10 para microempresas).
💬 Contexto ciudadano
El decreto de Canarias rompe con el modelo tradicional de concurrencia competitiva en subvenciones agrarias y pesqueras, instaurando un sistema de concesión directa autorizado excepcionalmente por la UE hasta 2021 como medida COVID-19. Aunque todas las autonomías y el Estado adoptaron instrumentos similares entre 2020-2021, Canarias configura esta ayuda directa específicamente para sectores ganaderos, agroalimentarios y pesqueros con probada pérdida de ingresos, priorizando protección sobre competencia. Esta excepción temporal importa al ciudadano rural porque garantiza acceso inmediato a recursos sin luchar contra otros solicitantes, asegurando viabilidad de explotaciones que alimentan la economía insular, aunque requiere transparencia en adjudicación.