Orden ICT/307/2022, de 4 de abril, por la que se crean la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación y se regulan su composición y funciones.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta orden crea y regula la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Reemplaza una orden anterior que se había quedado obsoleta debido a cambios en las leyes de contratación pública, cambios en la estructura del ministerio, y nuevos requisitos para prevenir fraude e irregularidades en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. **¿A quién afecta?** Afecta a los servicios centrales del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y a todas las personas que participen en estos órganos colegiados de contratación, así como en los procedimientos de ejecución de contratos, que ahora deberán declarar por escrito que no tienen conflictos de interés. **¿Qué cambia o establece?** La orden define quiénes componen estas juntas y mesas de contratación, qué funciones tienen y cómo deben funcionar. Entre lo nuevo establece: obligación de declarar ausencia de conflicto de intereses, procedimientos para comunicar potenciales conflictos al superior jerárquico, posibilidad de celebrar sesiones de forma virtual, y procesos más ágiles para tramitar contratos. Todo esto se rige por la nueva ley de contratación pública de 2017 y los requisitos del Plan de Recuperación.
💬 Contexto ciudadano
La creación de la Junta de Contratación y la Mesa Única del Ministerio de Industria respondía a la necesidad de actualizar los órganos de contratación interna tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que reformó sustancialmente el modelo de mesas y juntas de contratación en la Administración General del Estado. La centralización en una Mesa Única fue tendencia generalizada en varios ministerios desde 2018, buscando mayor eficiencia y coherencia en los criterios de adjudicación. Esta reforma se alineaba con las exigencias de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, que priorizaba la profesionalización de los órganos de contratación y la reducción de la fragmentación administrativa como mecanismo preventivo de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.