Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia, hecho en Rabat el 13 de febrero de 2019.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un acuerdo entre España y Marruecos para que sus autoridades de seguridad cooperen en la lucha contra delitos. Los dos países se comprometen a intercambiar información, investigar conjuntamente y ayudarse mutuamente. Los órganos responsables son el Ministerio del Interior de cada país. **¿A quién afecta?** Afecta a las autoridades de policía, seguridad e investigación criminal de ambos países. Indirectamente afecta a personas que cometen delitos en territorio español o marroquí, a víctimas de delitos, y a ciudadanos cuya información pueda ser intercambiada entre ambas naciones como parte de investigaciones. **¿Qué cambia o establece?** Establece que España y Marruecos deben compartir información sobre investigaciones en curso, buscar conjuntamente a sospechosos y cómplices, localizar personas desaparecidas y objetos del delito. Cubre delitos graves como terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas, blanqueo de dinero, delitos cibernéticos, robo de arte, falsificación de documentos, delitos ambientales y muchos otros. También permite que realicen entregas controladas y coordinen operaciones. La información se envía por escrito entre órganos competentes, y la parte que solicita ayuda paga los gastos.
💬 Contexto ciudadano
El Convenio de cooperación en materia de seguridad entre España y Marruecos de 2019 formalizó y amplió los marcos operativos de colaboración policial que los dos países venían desarrollando desde los acuerdos de los años noventa, en un contexto de creciente relevancia geoestratégica de la relación bilateral para la gestión migratoria y la lucha contra el terrorismo. A diferencia de los acuerdos Schengen, este convenio establecía mecanismos específicos adaptados a la relación hispano-marroquí, incluyendo intercambio de información, investigaciones conjuntas y extradición. Su publicación en el BOE en 2022, tres años después de la firma, reflejaba las tensiones diplomáticas del período 2020-2021, cuando las relaciones bilaterales se deterioraron significativamente tras el episodio relativo al liderazgo del Frente Polisario.