Real Decreto-leyNacionalvigente

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se modifica el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

BOE-A-2022-4977Publicada: 30/03/2022MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una Resolución del 29 de marzo de 2022 que publica un Acuerdo del Consejo de Ministros que modifica el Código de Buenas Prácticas para la renegociación de deudas. Este código establece compromisos voluntarios de los bancos y entidades financieras para que empresas y autónomos puedan renegociar sus préstamos que tienen garantía estatal (aval del Estado), facilitando la refinanciación y reestructuración de sus deudas. **¿A quién afecta?** Afecta a las entidades financieras (bancos y instituciones de crédito) que se adhirieron voluntariamente al Código de Buenas Prácticas, a empresas y autónomos que tienen préstamos con aval público, y a organismos como el ICO, CESCE y CERSA que deben coordinar la aplicación de estas medidas. Las entidades adheridas tienen 15 días para comunicar si no aceptan las nuevas modificaciones. **¿Qué cambia o establece?** Amplía el acceso a las medidas de renegociación al eliminar el requisito de que la facturación hubiera bajado un 30% entre 2019 y 2020. Obliga a las entidades a mantener los límites de crédito en circulante hasta el 30 de septiembre de 2022. Faculta al ICO, CESCE y CERSA para implementar las medidas, resolver problemas prácticos durante toda la vigencia de los préstamos, y autoriza al ICO a usar fondos públicos para los costes de gestión de esta medida.

💬 Contexto ciudadano

La modificación del Código de Buenas Prácticas para deudas avaladas por el ICO representó uno de los ajustes en la segunda fase de gestión de los efectos financieros de la pandemia sobre las empresas españolas. Más de 140.000 millones de euros en avales ICO concedidos en 2020-2021 generaron dificultades de pago en muchas pymes y autónomos, haciendo necesario ampliar los mecanismos de renegociación. A diferencia del modelo alemán de la KfW, que gestionó avales con mayor automatismo bancario, el sistema español requería la adhesión voluntaria de las entidades financieras al Código de Buenas Prácticas, creando un régimen de cumplimiento blando cuya efectividad dependía del grado de participación real del sector bancario en las renegociaciones solicitadas.

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