Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una norma que cambia la forma en que los procuradores de los tribunales (profesionales que representan a ciudadanos ante la justicia) cobran sus servicios. El cambio se hace porque Europa consideró que los precios mínimos obligatorios que había anteriormente impedían la libre competencia entre estos profesionales. **¿A quién afecta?** A los procuradores de los tribunales y a los ciudadanos que necesitan sus servicios. La norma se aplica únicamente a los procedimientos que comienzan después de que la norma entra en vigor. **¿Qué cambia o establece?** Elimina los precios mínimos obligatorios y pone máximos en su lugar (hasta 75.000 euros para el total). Permite que el procurador y el cliente negocien un precio menor al máximo. Obliga al procurador a dar por escrito un presupuesto al cliente, indicando si el precio que propone es menor que el máximo permitido.
💬 Contexto ciudadano
Este real decreto suprimió los aranceles mínimos obligatorios de los procuradores de los tribunales como consecuencia directa de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que consideró contrarios al derecho de la competencia los regímenes de honorarios mínimos vinculantes para profesionales jurídicos. El precedente más relevante era la doctrina sobre proporcionalidad en servicios jurídicos desarrollada a partir del asunto Wouters. España se sumaba así a otros países europeos que habían eliminado o flexibilizado tarifas fijas para abogados y procuradores, aunque la peculiaridad española del sistema de procura —sin equivalente exacto en otros ordenamientos europeos— hacía más compleja la adaptación dado el papel procesal único de esta figura.