Ley 4/2022, de 29 de marzo, por la que se alza la suspensión del funcionamiento del Consejo Económico y Social de La Rioja.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta ley reactiva el Consejo Económico y Social de La Rioja, una institución que había dejado de funcionar en 2012. El Consejo es un órgano consultivo donde participan representantes de sindicatos, empresas, universidades y organizaciones agrarias para aconsejar al Gobierno de La Rioja en decisiones sobre economía y empleo. **¿A quién afecta?** Afecta a los sindicatos, empresas, universidades y organizaciones agrarias riojanas, que recuperan su participación institucional en decisiones económicas y sociales. También afecta al Gobierno de La Rioja, que vuelve a contar con este asesoramiento obligatorio en ciertos procedimientos administrativos. **¿Qué cambia o establece?** La ley establece que el Consejo tendrá 19 miembros: seis del sector sindical, seis del empresarial, seis del ámbito agrario más dos del Gobierno de La Rioja, y una presidencia designada por el Gobierno. El mandato de los miembros pasa de cuatro años a dos años. La ley deja sin efecto las leyes de 2012 que habían suspendido el Consejo, aunque su funcionamiento total dependerá de un reglamento que el Gobierno debe aprobar.
💬 Contexto ciudadano
El Consejo Económico y Social de La Rioja, suspendido desde 2012, se reactiva tras una década de desactivación institucional que contrastaba con la continuidad de órganos similares en otras diecisiete comunidades autónomas y el nivel estatal, donde el CES nacional nunca interrumpió su actividad consultiva ni tampoco lo han hecho estructuras comparables en la UE como el Comité Económico y Social Europeo. Esta reactivación riojana responde a una mayor demanda de diálogo social tripartito entre administración, sindicatos y empresariado, un modelo que ya funcionaba en prácticamente todas las CCAA durante la suspensión de La Rioja. Para el ciudadano importa porque recupera un mecanismo de participación en decisiones económicas que afectan empleo y desarrollo territorial, reforzando la legitimidad democrática de las políticas públicas mediante la integración de actores socioeconómicos clave. La reducción del mandato a dos años también facilita una renovación más periódica de representaciones sectoriales.