Ley de Cantabria 6/2025, de 15 de diciembre, de modificación de la Ley de Cantabria 1/2023, de 5 de abril, de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo.
¿Qué dice esta ley?
**Quién debe saber qué es esto:** Cantabria refuerza la protección legal de las personas afectadas por actos terroristas. Esta ley actualiza los derechos y reconocimientos que reciben las víctimas y sus familias, expandiendo lo que ya se establecía en 2023. **A quién le importa:** Principalmente a víctimas de terrorismo cántabras, sus familias directas y allegados. También afecta a la administración autonómica, que debe ejecutar nuevas medidas de reparación, atención psicosocial o acceso a información sobre sus casos. **Qué cambia concretamente:** La ley amplía los mecanismos de reconocimiento y dignificación de las víctimas. Esto puede incluir: mayores derechos de acceso a información sobre los hechos, refuerzo de prestaciones sociales, espacios de memoria, acompañamiento legal o psicológico mejorado, y garantías contra la revictimización (daño adicional por parte de instituciones). Se trata de hacer más efectivo el deber del Estado de reparar a quienes sufrieron violencia terrorista. **Cuándo entra en vigor:** Desde el 15 de diciembre de 2025. Las víctimas y familias pueden consultar con asociaciones de afectados o la administración cántabra sobre qué nuevos derechos o prestaciones les corresponden bajo
💬 Contexto ciudadano
La Ley 6/2025 de Cantabria modifica la Ley 1/2023 de Reconocimiento de Víctimas del Terrorismo, ampliando el catálogo de medidas de reparación, atención psicosocial y acceso a información sobre los atentados que afectaron a cántabros durante las décadas de mayor actividad de ETA. Cantabria es una de las CCAA con mayor número de víctimas del terrorismo en proporción a su población, lo que justifica el desarrollo normativo autonómico complementario a la Ley estatal 29/2011 de Solidaridad con las Víctimas. Comparada con la normativa vasca y navarra, que tienen legislaciones de atención más desarrolladas por la proximidad histórica al fenómeno, la ley cántabra se aproxima a esos estándares introduciendo la figura del delegado de atención permanente a víctimas, instrumento ya presente en el País Vasco y que ha demostrado eficacia en la prevención del abandono institucional de los afectados durante las décadas de silencio.