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Corrección de errores de la Ley Foral 13/2022, de 12 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario, por un importe total de 4.761.112 euros, para la financiación de las necesidades de varios departamentos del Gobierno de Navarra y de los municipios y concejos de la Comunidad Foral de Navarra afectados por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

BOE-A-2022-9768Publicada: 14/06/2022COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una corrección de un error en la Ley Foral 13/2022, que había aprobado un crédito extraordinario de 4.761.112 euros para financiar necesidades de departamentos del Gobierno de Navarra y municipios afectados por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. **¿A quién afecta?** Al Gobierno de Navarra, sus municipios y concejos que reciben financiación de este crédito extraordinario para hacer frente a los efectos económicos derivados del conflicto en Ucrania. **¿Qué cambia o establece?** Corrige el número de la partida presupuestaria de la cual se financiará 4.200.000 euros del crédito. Cambia de 113002-12100-8700-000003 a 114000-13000-8700-000003, ambas denominadas "Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Haciendas Locales".

💬 Contexto ciudadano

La Ley Foral 13/2022 aprobó un crédito extraordinario de 4,7 millones de euros para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania en Navarra, medida que se alineó con las respuestas autonómicas coordinadas a nivel estatal conforme al marco de la Directiva UE 2022/369 sobre protección temporal. Esta corrección de errores es un procedimiento administrativo interno que ajusta únicamente la partida presupuestaria de financiación, sin modificar la cuantía ni el destino del crédito, y opera dentro del régimen competencial foral de Navarra. Mientras la mayoría de CCAA implementaron respuestas similares mediante decretos o leyes autonómicas, el procedimiento foral navarrico tiene particularidades derivadas de su régimen diferenciado. Para el ciudadano navarro es relevante porque asegura la correcta ejecución y fiscalización de fondos públicos destinados a compensar costes inflacionistas y pérdidas económicas generadas por la crisis geopolítica, evitando retrasos en la distribución a municipios y concejos dependientes de esta financiación extraordinaria.

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