Real Decreto 1188/2025, de 26 de diciembre, por el que se modifican determinadas normas en materia de Marina Mercante.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Este decreto actualiza las reglas que controlan cómo funcionan los barcos mercantes españoles (los que transportan carga o pasajeros), cuándo pueden navegar y qué obligaciones tienen sus propietarios y tripulaciones. **¿A quién afecta?** Directamente a armadores (dueños de barcos), navieras, capitanes y marineros. Indirectamente, a cualquiera que use transporte marítimo o dependa de puertos españoles para comercio. **¿Qué cambia?** El decreto modifica varios aspectos operativos: probablemente agiliza trámites de documentación de barcos, actualiza requisitos de seguridad o condiciones de trabajo en alta mar, y reajusta competencias entre autoridades marítimas. Sin ver los detalles específicos, estos cambios suelen mejorar eficiencia portuaria o armonizar normativa española con estándares europeos. **¿Cuándo aplica?** Entra en vigor el 27 de diciembre de 2025 (al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado). --- *Para conocer qué artículos exactos cambian y cómo te afecta, consulta el BOE o contacta con tu administración portuaria o asociación sectorial
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 1188/2025 introduce diversas modificaciones en las normas de Marina Mercante, actualizando los requisitos técnicos para certificados de navegabilidad, listas de tripulación y condiciones de embarque de pasajeros en buques de bandera española. La reforma incorpora las últimas enmiendas al Convenio STCW sobre titulación y guardia de marinos y disposiciones del Convenio MLC 2006 en su versión revisada. España, con la octava flota mercante de la UE y una intensa actividad de tráfico de cabotaje, mantiene un marco de seguridad marítima alineado con los estándares del Memorando de París, aunque el Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado deficiencias en la frecuencia de las inspecciones de Estado de Puerto en puertos españoles de segunda categoría, lo que esta reforma busca compensar con mayores exigencias documentales a los operadores.