Orden IGD/460/2022, de 17 de mayo, por la que se crea la Oficina de asistencia en materia de registros.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una norma que crea una oficina del Ministerio de Igualdad ubicada en Madrid (calle Alcalá, 37) cuyo propósito es ayudar a los ciudadanos a comunicarse con la administración por medios electrónicos. Es un órgano administrativo que funciona como punto de asistencia presencial para quienes necesiten usar canales digitales. **¿A quién afecta?** A cualquier ciudadano que presente solicitudes, escritos o comunicaciones ante cualquier administración pública. Especialmente a quienes necesiten asistencia para usar medios electrónicos o prefieran presentar documentos en papel pero requieran que se conviertan en formato digital. **¿Qué cambia o establece?** Establece que la oficina digitalizará documentos en papel, expedirá recibos de presentación, ayudará a obtener firma electrónica, expedirá copias electrónicas auténticas, realizará notificaciones cuando el ciudadano comparezca presencialmente, y asistirá en los trámites de autorización. La oficina funcionará en horario general de atención al público.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta orden, la transformación digital de la administración pública española avanzaba conforme a la Ley 39/2015, pero sin mecanismos estatales centralizados de asistencia presencial para ciudadanos con dificultades de acceso digital. Mientras algunas comunidades autónomas desarrollaban servicios propios de apoyo (Cataluña, País Vasco), carecía de una respuesta nacional uniforme. Esta orden implementa una solución alineada con directivas europeas sobre servicios digitales y acceso público (Directiva 2014/56/UE), creando un punto único en Madrid que actúa como puente hacia la administración electrónica obligatoria desde 2016. Para el ciudadano es relevante porque reduce la brecha digital, especialmente para mayores y colectivos vulnerables que de otro modo quedarían excluidos de procedimientos administrativos que exigen canales electrónicos, garantizando que la obligatoriedad digital no se convierta en barrera de acceso. Su implantación nacional (aún incompleta en algunas CCAA con servicios paralelos) sitúa a España en cumplimiento normativo europeo.