ResoluciónNacionalvigente

Decreto-ley 4/2022, de 4 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un incremento extraordinario para el año 2022 del importe de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y de la cuantía máxima de determinadas prestaciones.

BOE-A-2022-10136Publicada: 20/06/2022COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Un Decreto-ley del Gobierno de Aragón aprobado el 4 de mayo de 2022 que establece incrementos económicos extraordinarios para el año 2022 destinados a las personas que reciben prestaciones sociales en la Comunidad Autónoma. La medida surge como respuesta a la invasión de Ucrania por Rusia y su impacto en la subida de precios en Europa, buscando proteger a los colectivos más vulnerables económicamente. **¿A quién afecta?** Afecta a las personas que reciben la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, así como a quienes tienen reconocido el complemento para gastos de vivienda dentro del Ingreso Mínimo Vital. También beneficia a personas en situación de vulnerabilidad o especial vulnerabilidad que reciben ayudas para consumo energético. **¿Qué cambia o establece?** El Decreto-ley establece un incremento del 15 por ciento en la Prestación Aragonesa Complementaria para los meses de mayo, junio y julio de 2022; aumenta la cuantía máxima del complemento para gastos de vivienda durante esos mismos meses, tanto para beneficiarios de la prestación complementaria como del Ingreso Mínimo Vital; e incrementa la ayuda anual de urgencia para consumo energético de 2022 destinada a personas en situación de vulnerabilidad.

💬 Contexto ciudadano

El Decreto-ley 4/2022 de Aragón aprueba un incremento extraordinario del 15% en las prestaciones del sistema aragonés de servicios sociales para los meses de mayo a julio de 2022, añadiendo además un complemento de vivienda y medidas de urgencia energética ante el encarecimiento provocado por la invasión de Ucrania. Es uno de los primeros decretos-leyes autonómicos de España que activa la cláusula de urgencia social ante la crisis energética, anticipándose al posterior Real Decreto-ley estatal de medidas similares. Comparado con la respuesta de Cataluña o Madrid a la misma crisis, que fue más gradual y con menor incremento porcentual, Aragón se situó como referente de reacción rápida en materia de renta garantizada de ciudadanía ante shocks externos de origen geopolítico con impacto inmediato en el coste de vida de los hogares vulnerables.

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