Ley Foral 23/2022, de 1 de julio, reguladora del canon de uso de las carreteras de Navarra.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un canon de uso de carreteras: una tasa que cobra la Comunidad Foral de Navarra por el uso de determinadas vías de la Red de Vías de Gran Capacidad. Es una prestación pública cuya recaudación se destinará exclusivamente a financiar la conservación, explotación y construcción de infraestructuras viarias, así como servicios asociados y, eventualmente, protección del medio ambiente. **¿A quién afecta?** A los propietarios de vehículos pesados (vehículos de motor destinados al transporte de mercancías por carretera con masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas) que circulen por las vías afectadas. Quedan exentos los vehículos de la Administración Pública, de emergencias y accidentes, y los de empresas que realicen la conservación de estas infraestructuras. **¿Qué cambia o establece?** Sujeta al canon las autovías A-1 (del Norte), A-10 (de la Barranca), A-15 (de Leitzaran), A-68 (del Ebro) y la carretera N-121-A (Pamplona-Behobia). El canon se devenga al acceder a la vía y debe abonarse dentro de 60 días. Se paga mediante dispositivo TAG o registro telemático con tarjeta bancaria, sin necesidad de parar en peajes. El sistema es de flujo libre, sin detención de vehículos.
💬 Contexto ciudadano
La Ley Foral 23/2022 de Navarra establece un canon por uso de las autovías autonómicas de gran capacidad dirigido a vehículos de mercancías de más de 3,5 toneladas, con sistema de flujo libre mediante TAG. Navarra es la primera comunidad autónoma española en introducir un peaje autonómico de estas características, anticipándose al debate estatal sobre el modelo de financiación de infraestructuras viarias post-autopistas. El referente comparado es el sistema alemán LKW-Maut, aplicado desde 2005 a camiones en autopistas federales, o el Eurovignette europeo. Su relevancia jurídica radica en demostrar la viabilidad del canon autonómico en autovías libres hasta entonces, aunque la exclusión de turismos limita tanto el impacto recaudatorio como el objetivo de reducción del tráfico privado y las emisiones de CO2.