Ley 5/2022, de 23 de junio, de Gestión Documental Integral y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 5/2022, de 23 de junio, es una norma aprobada por el Parlamento Vasco que regula cómo deben gestionarse los documentos y los archivos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Establece las reglas para todo el ciclo de vida de los documentos públicos: desde que se crean o se reciben, hasta que se destruyen o se conservan de forma permanente por su valor histórico o administrativo. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a las instituciones y organismos públicos del País Vasco, incluidos el Gobierno Vasco, sus organismos dependientes y el sector público autonómico. También tiene implicaciones para los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, en la medida en que la ley regula el acceso a la información pública y la conservación del patrimonio documental que forma parte de la memoria colectiva. **¿Qué cambia o establece?** La ley adapta la gestión documental a la realidad digital, donde los documentos ya no son solo en papel sino principalmente electrónicos. Fija un modelo de organización de archivos en tres niveles (archivo de oficina, archivo intermedio y archivo histórico), establece procedimientos para transferir documentos entre ellos, y regula cuándo deben conservarse y cuándo pueden eliminarse. Además, refuerza los principios de transparencia y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública, y prevé mecanismos de cooperación para poner en valor el patrimonio documental vasco conservado fuera de la Comunidad Autónoma.
💬 Contexto ciudadano
La gestión documental en el País Vasco se regía por la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, que no reflejaba la transformación digital de la gestión pública ni las exigencias del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Esta Ley actualiza el marco archivístico vasco, creando el Sistema Vasco de Gestión Documental Integral, definiendo el ciclo de vida de los documentos públicos —desde su creación hasta su conservación permanente o eliminación—, estableciendo el Archivo General del País Vasco como institución rectora y regulando el acceso ciudadano al patrimonio documental. El País Vasco se suma a Cataluña, Baleares y otras CCAA que han modernizado sus leyes de archivos para afrontar el reto de la documentación electrónica nativa digital, que en los próximos años será el 100% de los documentos producidos por la Administración.