Denuncia del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República del Ecuador, hecho en Quito el 26 de junio de 1996.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es la notificación oficial de que el acuerdo firmado en 1996 entre España y Ecuador para proteger y promover las inversiones que cada país realiza en el otro ha quedado extinguido. Ecuador comunicó formalmente su intención de abandonar ese acuerdo en mayo de 2017, y este documento constata que dicha extinción se hizo efectiva el 18 de junio de 2022. **¿A quién afecta?** Afecta a empresas y personas de España que tenían inversiones en Ecuador, y a empresas y personas de Ecuador que tenían inversiones en España, ya que ambos grupos dejaron de estar amparados por las garantías y mecanismos de protección que ese acuerdo bilateral les reconocía. **¿Qué cambia o establece?** Establece que el acuerdo de 1996 ha terminado definitivamente. Aunque Ecuador lo denunció en 2017, como no respetó el plazo de seis meses previo a la renovación automática previsto en el artículo 12 del propio acuerdo, este se mantuvo en vigor cinco años más, hasta el 18 de junio de 2022. A partir de esa fecha, las inversiones entre ambos países ya no cuentan con la protección específica que ese tratado ofrecía.
💬 Contexto ciudadano
El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) España-Ecuador de 1996 garantizaba protecciones a los inversores españoles en Ecuador y viceversa, incluyendo acceso al arbitraje internacional de inversiones. Ecuador, como otros países de América Latina, rechazó estos mecanismos de protección de inversiones por considerarlos instrumentos que limitan su soberanía regulatoria, denunciando el APPRI en 2017. Esta resolución publica la extinción formal del Acuerdo, consumada una vez transcurrido el plazo de supervivencia posterior a la denuncia. La denuncia del APPRI no elimina las protecciones existentes bajo el Tratado de la Carta de la Energía para inversiones del sector energético ni las del CIADI para arbitrajes en curso, generando incertidumbre jurídica para los inversores españoles en Ecuador.