Decreto-ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un decreto-ley aprobado con carácter urgente por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña el 30 de mayo de 2022. Su propósito es establecer las reglas que deben seguirse para elaborar, aprobar, validar y revisar los proyectos lingüísticos de los centros educativos, es decir, el documento interno de cada colegio o instituto que define cómo se enseñan y se usan las lenguas en ese centro. **¿A quién afecta?** Afecta a los centros educativos públicos y a los centros privados sostenidos con fondos públicos de Cataluña. Por tanto, tiene impacto directo en el alumnado, el profesorado y las comunidades educativas de esos centros. También implica al Departamento de Educación de la Generalitat, que es el responsable de validar que cada proyecto lingüístico cumpla la legalidad y los objetivos de normalización lingüística. **¿Qué cambia o establece?** Fija los criterios concretos que cada centro debe aplicar al redactar su proyecto lingüístico, teniendo en cuenta factores como el entorno sociolingüístico del centro, los objetivos de normalización del catalán (y del aranés en Arán), la diversidad cultural y lingüística del alumnado, y los niveles de conocimiento lingüístico acreditados mediante evaluaciones. Se aprueba con urgencia para que los centros puedan preparar el curso escolar 2022-2023 con un marco normativo claro y estable, poniendo fin a la controversia jurídica que había generado inestabilidad en el funcionamiento normal de los centros.
💬 Contexto ciudadano
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado que el 25% de la enseñanza en los centros educativos catalanes se impartiera en castellano, en aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. El Govern rechazó esta orden y aprobó este Decreto-ley para regular los proyectos lingüísticos de los centros —que determinan la lengua vehicular de la enseñanza— de forma que el catalán continuara siendo la lengua predominante del sistema educativo. El decreto-ley abrió una controversia constitucional y política sobre la distribución competencial en materia de política lingüística y el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de la enseñanza, debate que enfrentó al Govern con el Estado y con varios sectores de la sociedad catalana.