Real Decreto 636/2022, de 26 de julio, por el que se regula el Sello de Inclusión Social.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 636/2022 crea y regula el Sello de Inclusión Social, un distintivo oficial del Estado español que reconoce a empresas, autónomos y otras entidades que realizan acciones para ayudar a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital a salir de la pobreza y participar activamente en la sociedad. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a empresas públicas y privadas, autónomos y entidades de cualquier tipo que quieran solicitar este distintivo por desarrollar actuaciones de inclusión social. También afecta indirectamente a las personas que cobran el ingreso mínimo vital, ya que son los destinatarios finales de las acciones que realizan quienes obtengan el sello. **¿Qué cambia o establece?** La norma define los tipos de sello disponibles, los requisitos para solicitarlo y el procedimiento, que debe hacerse por vía electrónica. El sello tiene una validez de tres años, siempre que se mantengan las condiciones que justificaron su concesión, y puede ser revocado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o al que la entidad renuncie a él. Además, se establece un sistema de seguimiento y evaluación cuyos resultados serán públicos, y se contempla la posibilidad de otorgar premios y celebrar jornadas de inclusión social.
💬 Contexto ciudadano
El Sello de Inclusión Social es un distintivo oficial del Estado que reconoce a las empresas y entidades que desarrollan acciones efectivas para la incorporación laboral de los beneficiarios del IMV y de otros colectivos en situación de exclusión social. Incentiva la responsabilidad social empresarial en la inserción laboral mediante el reconocimiento público, la difusión en los medios del Estado y las ventajas en la concurrencia para contratos y subvenciones públicas. El Sello sigue modelos similares de certificación social empresarial existentes en Francia —Label GESAT— y Portugal —Carta Social Portuguesa—, y complementa los incentivos fiscales a la contratación de personas en situación de exclusión previstos en el régimen del IRPF y del IS.