Real Decreto 635/2022, de 26 de julio, por el que se regulan la organización y funciones del Consejo consultivo del ingreso mínimo vital.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 635/2022, aprobado el 26 de julio de 2022, regula cómo se organiza y funciona el Consejo Consultivo del Ingreso Mínimo Vital. Este Consejo es un órgano oficial de consulta creado por ley para que entidades sociales, sindicatos y organizaciones empresariales puedan participar en todo lo relacionado con el ingreso mínimo vital. El decreto define su estructura interna, quién lo preside, cómo se toman decisiones y cómo se financia, sin generar gasto público adicional. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social (ONG y plataformas de ayuda social), a los sindicatos y a las asociaciones empresariales más representativas a nivel estatal, ya que son quienes forman parte de este Consejo. También afecta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que queda adscrito el órgano. Para los ciudadanos en general, la norma no impone obligaciones ni restringe derechos. **¿Qué cambia o establece?** Crea y pone en marcha el Consejo Consultivo del Ingreso Mínimo Vital, que la ley de 2021 había previsto pero que necesitaba este desarrollo reglamentario para poder funcionar. Establece que lo preside la persona titular del Ministerio, que cuenta con 24 vocales de distintos organismos y entidades, y que tendrá un secretario con rango mínimo de subdirector general. El Consejo debe velar por la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus funciones y podrá aprobar su propio reglamento interno para regular aspectos como la convocatoria de reuniones.
💬 Contexto ciudadano
El Ingreso Mínimo Vital, implantado en junio de 2020, estableció un Consejo Consultivo para garantizar la participación de las entidades del tercer sector, los sindicatos y las organizaciones empresariales en el seguimiento y evaluación de la prestación. Este Real Decreto desarrolla la organización y funciones del Consejo, definiendo sus grupos de trabajo temáticos, el régimen de participación de los miembros y los mecanismos de elaboración de recomendaciones al Ministerio de Inclusión. El Consejo Consultivo del IMV es un ejemplo del modelo de gobernanza participativa de las prestaciones sociales que recomienda la UE en sus estrategias de lucha contra la pobreza, buscando que quienes conocen mejor las necesidades de los beneficiarios influyan en el diseño de la prestación.