Resolución de 19 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una resolución del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que cumple su obligación legal de publicar, para conocimiento de todos, las comunicaciones recibidas sobre tratados internacionales en los que España participa. En concreto, recoge los avisos llegados entre mayo y julio de 2022 relacionados con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a cualquier persona que quiera conocer el estado actual de los tratados internacionales firmados por España, y de forma indirecta a los ciudadanos ucranianos y moldavos, cuyos gobiernos han comunicado que suspenden temporalmente algunas garantías del Convenio Europeo de Derechos Humanos en sus territorios. **¿Qué cambia o establece?** No crea normas nuevas en España, sino que da publicidad oficial a dos hechos: primero, que Ucrania notificó en marzo de 2022 la suspensión parcial de sus obligaciones del Convenio como consecuencia de la guerra y la declaración de la ley marcial, prorrogada por 30 días desde el 26 de marzo. Segundo, que Moldavia notificó la prórroga de su estado de emergencia hasta el 23 de junio de 2022 por razones de seguridad regional, lo que le permite aplicar medidas restrictivas —como limitar la libertad de circulación, prohibir manifestaciones o controlar medios de comunicación— que en circunstancias normales vulnerarían el Convenio.
💬 Contexto ciudadano
El Ministerio de Asuntos Exteriores publica periódicamente en el BOE las comunicaciones recibidas de los depositarios de tratados internacionales sobre novedades en los acuerdos en los que España es parte: ratificaciones de otros Estados, entradas en vigor, reservas, denuncias, enmiendas. Esta resolución, que cubre el período de mayo a julio de 2022, garantiza la publicidad y la actualización del estado de los compromisos internacionales de España, esencial para los operadores jurídicos —abogados, notarios, jueces— que deben conocer la vigencia y condiciones exactas de los tratados internacionales aplicables en cada caso, especialmente en materias de derecho internacional privado, derecho de los tratados de inversión y derecho de los derechos humanos.