Ley 3/2022, de 14 de junio, de Entidades Locales Menores.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 3/2022, de 14 de junio, de Entidades Locales Menores es una ley de la Comunidad Autónoma de Cantabria que regula las Juntas Vecinales y los Concejos, que son las formas tradicionales de autogobierno de los pueblos y núcleos de población más pequeños, por debajo del nivel municipal. Sustituye a la anterior ley de 1994 para actualizar su regulación y corregir las deficiencias detectadas en su aplicación durante más de veintiséis años. **¿A quién afecta?** Afecta a los vecinos y vecinas de los más de quinientos núcleos de población de Cantabria que cuentan con una entidad local menor reconocida, así como a los cargos electos que las gobiernan (presidentes y miembros de Juntas Vecinales y Concejos) y a las administraciones públicas que se relacionan con ellas, principalmente los ayuntamientos y el propio Gobierno de Cantabria. **¿Qué cambia o establece?** La ley define qué son estas entidades, qué competencias tienen propias y cuáles pueden recibir por delegación, cómo se organizan y gobiernan internamente, y cómo pueden modificarse o disolverse. Regula también su régimen económico, presupuestario y de transparencia. Una novedad destacada es que establece por primera vez un régimen electoral propio para Cantabria —con normas sobre convocatoria, candidaturas, votación y moción de censura—, asumiendo la Comunidad Autónoma la competencia de convocar y gestionar estos procesos electorales, tal como exigió la Junta Electoral Central a partir de 2019.
💬 Contexto ciudadano
Cantabria contaba con una extensa red de entidades locales menores —juntas vecinales y concejos abiertos— cuyo régimen jurídico se dispersaba en la Ley de Régimen Local estatal y en normas cántabras sin una regulación integral propia. Esta Ley establece el marco jurídico específico de las entidades locales menores de Cantabria: personalidad jurídica, competencias, organización, régimen electoral, hacienda y relaciones con los municipios matriz. La norma reconoce el valor de las juntas vecinales y concejos como instituciones de democracia de proximidad enraizadas en la tradición local cántabra, preservándolas frente a los intentos de supresión o vaciamiento que la Ley RSAL de 2013 propició en algunas regiones y que en Cantabria no prosperaron dado el peso cultural y funcional de estas entidades.