Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Illes Balears.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley autonómica de las Illes Balears, aprobada en junio de 2022, que establece medidas urgentes para que el turismo de las islas sea más sostenible y funcione según los principios de la economía circular. Su punto de partida es que el turismo representa más del 45 % del PIB balear y da trabajo a más de 200.000 personas, por lo que su transformación tiene un impacto directo en toda la sociedad. **¿A quién afecta?** Afecta al conjunto del sector turístico de las Illes Balears —empresas, operadores, establecimientos— así como a las administraciones públicas implicadas en su gestión. De forma indirecta, también incumbe a la ciudadanía residente, dado que la ley busca proteger el entorno natural, la cultura local y la calidad del empleo en el archipiélago. **¿Qué cambia o establece?** La ley orienta el turismo balear hacia un modelo que abandone la lógica de "extraer, producir, usar y tirar" para mantener el valor de los recursos el mayor tiempo posible, reducir residuos y minimizar el impacto ambiental. Se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (especialmente los relativos a producción responsable, trabajo digno y vida marina) y con el Plan de Acción por la Economía Circular de la Unión Europea, con el fin de que el crecimiento turístico no dependa del consumo creciente de recursos naturales.
💬 Contexto ciudadano
El turismo en Baleares genera el 45% del PIB y está en el epicentro de los debates sobre saturación, impacto ambiental y calidad de vida de los residentes. Esta Ley introduce medidas urgentes de sostenibilidad y circularidad turística: límites a la contaminación por cruceros en puertos sensibles, restricciones al uso de plásticos de un solo uso en establecimientos turísticos, incentivos a la economía circular en la hostelería y mecanismos de seguimiento del impacto ambiental del turismo. Baleares, con el Impost de Turisme Sostenible vigente desde 2016, es una de las regiones europeas con marco más avanzado en turismo sostenible, junto con los Países Bajos y Dinamarca, que también han legislado para internalizar los costes ambientales del turismo masivo.