Decreto-ley 9/2022, de 5 de julio, de medidas urgentes en materia de alquiler de vehículos con conductor.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una norma de urgencia aprobada por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya en julio de 2022 para regular el servicio de alquiler de vehículos con conductor (conocidos como VTC, el modelo de empresas tipo Uber o Cabify) tanto en trayectos urbanos como interurbanos que se realicen íntegramente dentro de Cataluña. **¿A quién afecta?** Afecta a las empresas y personas titulares de autorizaciones VTC que operan en Cataluña, especialmente a quienes prestaban servicios dentro de las ciudades al amparo de un régimen transitorio fijado por una ley estatal de 2018. También implica a los ayuntamientos y entes locales catalanes, que conservan la facultad de desarrollar su propia ordenación de la actividad dentro del marco que establece este decreto-ley. **¿Qué cambia o establece?** El decreto-ley crea una nueva autorización específica para los servicios VTC de ámbito urbano en Cataluña, necesaria porque el período transitorio de cuatro años previsto en la normativa estatal estaba a punto de vencer, lo que habría dejado sin cobertura legal a estos servicios dentro de las ciudades. Las nuevas autorizaciones tienen una validez inicial de dos años, prorrogable una sola vez por dos años más, mientras no se apruebe una ley autonómica definitiva que regule de forma integral el transporte en vehículos de hasta nueve plazas. Se trata, por tanto, de una solución provisional para evitar un vacío normativo.
💬 Contexto ciudadano
La regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en Cataluña generó un conflicto intenso entre las plataformas digitales —Uber, Cabify— y el sector del taxi, que en 2019 protagonizó largas huelgas. Este Decreto-ley establece un marco específico para los VTC en Cataluña —precontratación obligatoria, ratio VTC/taxi, zonas de exclusión en Barcelona— tanto para trayectos urbanos como interurbanos, ejerciendo las competencias autonómicas sobre transporte y sobre las plataformas digitales de mediación. La norma es más restrictiva para las VTC que la regulación estatal, reflejando la posición de Cataluña de priorizar la protección del taxi ante lo que considera competencia desleal de los operadores digitales con menores cargas regulatorias.