Real Decreto 767/2022, de 20 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la atención y acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en el año 2022.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un Real Decreto aprobado el 20 de septiembre de 2022 por el Gobierno de España que concede directamente —sin convocatoria pública— una subvención económica a la Comunidad Autónoma de Canarias y a las ciudades de Ceuta y Melilla. El dinero está destinado a cubrir los gastos que generan la atención y acogida de menores migrantes que llegan solos a esos territorios, sin familia que los acompañe. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a la Comunidad Autónoma de Canarias y a los gobiernos locales de Ceuta y Melilla, que son quienes reciben los fondos y gestionan los servicios de protección de menores. De forma indirecta, beneficia a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que están bajo tutela o acogida de esos servicios públicos. A finales de 2021 había registrados 2.399 menores en Canarias, 921 en Ceuta y 441 en Melilla. **¿Qué cambia o establece?** Establece las reglas concretas bajo las cuales se concede esa subvención de forma excepcional, justificando que las razones humanitarias, sociales y de interés público impiden seguir el procedimiento ordinario de convocatoria abierta. Fija qué gastos son financiables (los derivados de atender y acoger a esos menores), cómo deben solicitarse los fondos, y qué obligaciones de seguimiento y control deben cumplir los territorios beneficiarios para garantizar el buen uso del dinero público.
💬 Contexto ciudadano
La llegada masiva de menores extranjeros no acompañados (MENA) a Canarias, Ceuta y Melilla —especialmente desde 2019— desbordó los sistemas de acogida de estas administraciones, que asumieron costes desproporcionados respecto a su capacidad presupuestaria. Este Real Decreto concede subvenciones directas para cofinanciar la atención y acogida de MENA en 2022, reconociendo la obligación del Estado de garantizar la protección de estos menores conforme a la Convención de los Derechos del Niño y a la normativa de extranjería. El debate sobre el reparto de la tutela de MENA entre todas las CCAA —resistido por algunas— revela la tensión entre la solidaridad interterritorial y la autonomía de las comunidades en materia de servicios sociales de su competencia.