Decreto-ley 7/2022, de 11 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears que regula las prestaciones sociales de carácter económico de la comunidad autónoma. Actualiza y sustituye la normativa anterior de 2020, que había sido adoptada de urgencia durante la pandemia de la COVID-19, con el fin de dar una respuesta más estable y ordenada a las situaciones de pobreza y vulnerabilidad económica en el archipiélago. **¿A quién afecta?** Afecta a las personas y familias residentes en las Illes Balears que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o riesgo de exclusión social. También a jóvenes que han estado bajo tutela o guarda del sistema de protección de menores, y a personas que perciben pensiones no contributivas. La norma responde al hecho de que más de 260.000 personas en las islas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, según los datos del informe EAPN de 2021. **¿Qué cambia o establece?** Agrupa en una sola norma con rango de ley varias prestaciones económicas que antes estaban reguladas de forma dispersa: la renta social garantizada, la renta de emancipación para jóvenes extutelados y el complemento autonómico a las pensiones no contributivas. Establece que la renta social garantizada de las Illes Balears tiene carácter subsidiario respecto al ingreso mínimo vital estatal, es decir, se cobra solo si no se tiene derecho a la prestación estatal o esta no cubre las necesidades mínimas. También simplifica los procedimientos de tramitación y amplía los colectivos que pueden acceder a estas ayudas.
💬 Contexto ciudadano
El sistema de prestaciones sociales de carácter económico de Baleares, establecido durante la pandemia mediante normas de urgencia, requería una regulación estable y sistemática que lo adaptara a las necesidades actuales. Este Decreto-ley actualiza y consolida el catálogo de prestaciones —rentas de inserción, ayudas de emergencia social, subsidios para colectivos vulnerables—, alineándolas con el Ingreso Mínimo Vital estatal y con las prestaciones de las demás CCAA. Baleares, con el mayor coste de vida de España en el contexto insular, presenta paradojas de pobreza en medio de riqueza turística, lo que hace especialmente relevante la eficacia de un sistema de prestaciones que garantice la cohesión social en una economía de servicios con alta temporalidad laboral.