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Corrección de errores de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

BOE-A-2022-15169Publicada: 17/09/2022JEFATURA DEL ESTADO

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una corrección de errores oficiales detectados en la Ley 15/2022, de 12 de julio, que regula la igualdad de trato y la no discriminación. Esta corrección fue publicada en el Boletín Oficial del Estado para rectificar erratas que aparecieron en el texto original de esa ley. **¿A quién afecta?** Afecta a cualquier persona o entidad que aplique o consulte la Ley 15/2022, especialmente a administraciones públicas, operadores jurídicos, consumidores y empresas a quienes les resulta de aplicación dicha ley, ya que el texto corregido es el que tiene validez legal. **¿Qué cambia o establece?** Se realizan cuatro correcciones concretas en el texto de la ley: se elimina una frase del artículo 21 que obligaba a las administraciones públicas a desarrollar medidas de vigilancia e inspección; se completa el título de la disposición final séptima para mencionar expresamente el Real Decreto Legislativo 1/2007; se corrige en esa misma disposición la referencia al artículo y apartado modificado dentro de la Ley de Consumidores y Usuarios, que pasa del artículo 52.b al artículo 50.2; y se corrige también la numeración del apartado que se añade al artículo 46, que debe ser el apartado 10 y no el 3.

💬 Contexto ciudadano

La Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación, primera ley española de protección antidiscriminatoria de alcance general, contenía errores en determinados artículos que esta corrección subsana. Las erratas pueden afectar a la interpretación de los criterios de discriminación prohibidos, los mecanismos de tutela o el régimen sancionador, por lo que su corrección tiene importancia práctica para los órganos administrativos y judiciales que deben aplicar la Ley. La corrección se produce en un contexto en el que la Ley está siendo simultáneamente recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP, lo que añade relevancia jurídica a la precisión del texto que finalmente queda vigente como objeto del control constitucional.

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