Orden JUS/888/2022, de 12 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de agosto de 2022, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una orden del Ministerio de Justicia que publica el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de agosto de 2022, mediante el cual se establece cuánto dinero corresponde a cada ayuntamiento en 2022 para cubrir los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. **¿A quién afecta?** Afecta a los ayuntamientos que tienen un Juzgado de Paz en su municipio y que pertenecen a las siguientes comunidades autónomas: Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Región de Murcia. Quedan excluidos los ayuntamientos de las comunidades que ya tienen transferidas las competencias en materia de medios para la Administración de Justicia, como Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunitat Valenciana, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja. **¿Qué cambia o establece?** Fija las cantidades anuales de la subvención según el número de habitantes del municipio: desde 310 euros para municipios de hasta 499 habitantes, hasta 2.344 euros para los de 7.000 o más. Los ayuntamientos que forman parte de una Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz reciben solo el 50 % de lo que les correspondería por su población, y el otro 50 % se suma a la cantidad del ayuntamiento sede de esa agrupación.
💬 Contexto ciudadano
Los Juzgados de Paz, últimas instancias de la justicia de proximidad en municipios sin Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, operan bajo la dirección del juez de paz y con financiación compartida entre el Estado y los ayuntamientos. Esta Orden publica el módulo de distribución del crédito estatal que en 2022 se transfiere a cada ayuntamiento para sufragar los gastos de funcionamiento de sus Juzgados de Paz —personal, locales, material—. La determinación anual de este módulo es un trámite obligatorio derivado de la LOPJ y de los convenios de colaboración Estado-CCAA en materia de justicia, siendo los Juzgados de Paz uno de los pocos niveles del sistema judicial español gestionados directamente por los ayuntamientos.