Ley 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias es una norma aprobada por el Parlamento de Canarias que regula y promueve la economía social en el archipiélago. Se entiende por economía social el conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y adhesión voluntaria, cuyo funcionamiento no está ligado al capital aportado por cada socio, sino que aplica el principio de un voto por persona. Incluye cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones, empresas de inserción y centros especiales de empleo, entre otras. **¿A quién afecta?** Afecta a todas las entidades que desarrollen actividades de economía social en Canarias y que quieran ser reconocidas como tales. También afecta al Gobierno de Canarias, que asume competencias exclusivas en el fomento y la ordenación de este sector. De forma indirecta, alcanza a los ciudadanos y ciudadanas que participen o puedan participar en estas organizaciones, así como a quienes se beneficien de sus servicios, especialmente colectivos en situación de vulnerabilidad. **¿Qué cambia o establece?** La ley crea el Catálogo canario de entidades de la economía social, donde se inscribirán las organizaciones reconocidas bajo esta figura, y regula las condiciones para perder dicha condición. Establece medidas de fomento, planificación y difusión del sector, incluyendo el impulso de nuevas iniciativas, la responsabilidad social empresarial, la igualdad y la conciliación. Asimismo, crea la Comisión de la Economía Social de Canarias como órgano de representación, consulta y participación, y prevé la elaboración de una Estrategia canaria de economía social. Deroga la normativa autonómica anterior en esta materia.
💬 Contexto ciudadano
La economía social —cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, fundaciones— tiene un peso significativo en Canarias, especialmente en el sector pesquero, agrícola y de servicios sociales. Antes de esta Ley, el archipiélago carecía de un marco normativo propio, aplicándose supletoriamente la Ley 5/2011 estatal de Economía Social. Esta Ley Canaria define los principios, entidades, registro y fomento de la economía social en el archipiélago, con especial atención a las cooperativas de trabajo asociado y a las entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de interés general. La norma sitúa a Canarias junto a País Vasco, Cataluña y Extremadura como comunidades con legislación propia de economía social, reforzando un sector que generó más de 50.000 empleos en el archipiélago.