Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 19/2022, de 30 de septiembre, es una ley nacional que reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y a su cuenca hidrográfica. Esto significa que el ecosistema deja de ser un simple objeto de protección y se convierte en sujeto de derechos, es decir, en una entidad con derechos propios reconocidos por la ley, al igual que ocurre con las personas o las empresas. **¿A quién afecta?** Afecta directamente al ecosistema del Mar Menor —la mayor laguna costera del Mediterráneo español, con 135 km² de superficie— y a su cuenca de 1.600 km², que incluye acuíferos, ramblas, humedales y sierras del entorno. También afecta a los gobiernos —estatal, autonómico y local— y a los habitantes de los municipios ribereños, quienes asumen responsabilidades en la protección y restauración del ecosistema. **¿Qué cambia o establece?** La ley reconoce al Mar Menor y su cuenca derechos concretos: el derecho a existir como ecosistema, a evolucionar de forma natural, y a ser protegido, conservado, mantenido y, si es necesario, restaurado. Esta protección recae sobre los gobiernos y los habitantes ribereños. El motivo que impulsa la norma es la grave crisis ecológica que sufre el Mar Menor, agravada desde los años 60 del siglo XX por la intensificación de usos humanos, y la insuficiencia de los mecanismos jurídicos de protección existentes hasta ahora.
💬 Contexto ciudadano
La laguna del Mar Menor, el mayor lago costero de agua salada de Europa occidental, había sufrido una crisis ecológica severa desde 2016 por el exceso de nutrientes procedentes de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena. Esta Ley reconoce al Mar Menor y su cuenca como sujetos de derecho, siguiendo el precedente del río Whanganui en Nueva Zelanda (2017) y del río Atrato en Colombia (2016). Es la primera norma con rango de ley de un Estado europeo que otorga personalidad jurídica a un ecosistema natural, generando la posibilidad de que el sistema legal actúe en su defensa. La medida trasciende las políticas ambientales ordinarias al cambiar el paradigma: el Mar Menor no es solo un objeto de protección sino un sujeto de derechos que puede ser representado judicialmente.