Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, es una ley nacional que tiene por objeto mejorar el entorno en el que nacen y crecen las empresas en España. Forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno en el marco de los fondos europeos NextGenerationEU, y responde también a recomendaciones de organismos internacionales para modernizar el tejido productivo español. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los trabajadores autónomos, que representan más del 99 % de las empresas en España, el 61 % del valor añadido bruto y el 64 % del empleo. También afecta a quienes quieran crear una nueva empresa, así como, de forma indirecta, a los consumidores y al conjunto de la economía. **¿Qué cambia o establece?** La ley actúa sobre cuatro ámbitos principales: facilita y agiliza los trámites para crear una empresa nueva; elimina o reduce barreras regulatorias y administrativas que frenan el crecimiento empresarial; combate la morosidad comercial, es decir, los retrasos en el pago a proveedores que perjudican especialmente a las empresas más pequeñas; y mejora el acceso a financiación para que las pymes puedan crecer. El objetivo declarado no es imponer un tamaño empresarial concreto, sino quitar obstáculos para que cada empresa pueda desarrollarse con mayor libertad y competir en mejores condiciones.
💬 Contexto ciudadano
La creación y crecimiento de empresas en España presentaba obstáculos significativos: plazos excesivos de inscripción registral, capital social mínimo elevado para las SL, morosidad en los pagos entre empresas y dificultades para el acceso de pymes a los mercados de capitales. Esta Ley, conocida como Ley Crea y Crece, reforma el marco legal para reducir las barreras de entrada —capital social mínimo de 1 euro para SL en fase de constitución—, impone la facturación electrónica obligatoria para reducir la morosidad, facilita el acceso a plataformas de financiación participativa y crea el estatuto de empresa emergente o startup. Se enmarca en el PRTR y converge con las reformas del mercado único digital europeo, acercando a España al modelo de los ecosistemas emprendedores del norte de Europa.