Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 21/2022, de 19 de octubre, crea el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, un fondo público sin personalidad jurídica adscrito a la Administración General del Estado y gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su objetivo es reparar íntegramente los daños sobre la salud causados por la exposición al amianto, evitando que las víctimas tengan que recurrir siempre a los tribunales para obtener una compensación. **¿A quién afecta?** Afecta a cualquier persona que haya sufrido daños en su salud por exposición al amianto en España, ya sea en el ámbito laboral, doméstico (por ejemplo, por lavar ropa contaminada en casa) o ambiental, así como a sus familiares y herederos. También afecta a las empresas del sector, cuyas sanciones por incumplimiento de normas de seguridad relacionadas con el amianto podrán nutrir el fondo. **¿Qué cambia o establece?** Hasta ahora, España carecía de un mecanismo similar al existente en Francia, Holanda o Bélgica. Esta ley lo crea y establece que el fondo se financiará con partidas de los Presupuestos Generales del Estado, sanciones laborales relacionadas con el amianto, cantidades recuperadas judicialmente por subrogación en los derechos de las víctimas y los rendimientos propios del fondo. Además, crea una Comisión de seguimiento adscrita al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para supervisar y asesorar en su funcionamiento.
💬 Contexto ciudadano
Las enfermedades relacionadas con el amianto —principalmente el mesotelioma maligno y el cáncer de pulmón— afectan en España a trabajadores de industrias como la construcción, los astilleros y el ferroviario, expuestos antes de la prohibición total del amianto en 2002. El régimen de compensación previo era fragmentado: prestaciones de la Seguridad Social, reclamaciones civiles a empresas ya disueltas, y fondos sectoriales inexistentes en muchos casos. Esta Ley crea el Fondo de Compensación para Víctimas del Amianto, gestionado por el INSS, como mecanismo de reparación integral y ágil. España sigue así el modelo de Francia (FIVA, 2001) y Bélgica, que ya disponían de fondos específicos reconociendo la responsabilidad del Estado en la tardanza de la prohibición.