Real Decreto 1013/2022, de 5 de diciembre, de ampliación de los medios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un Real Decreto aprobado el 5 de diciembre de 2022 que amplía los recursos económicos y materiales que el Estado ya había traspasado a la Generalitat de Cataluña en 1990 para que esta pueda gestionar el funcionamiento de los juzgados y tribunales en su territorio. Esta ampliación se produce porque desde aquel traspaso original se han creado nuevos órganos judiciales en Cataluña que generan nuevos gastos. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a la Generalitat de Cataluña, que recibe más financiación y medios del Estado para cubrir los costes de los nuevos juzgados creados. También afecta al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Justicia, que deben reasignar los créditos presupuestarios correspondientes. De forma indirecta, afecta a los ciudadanos de Cataluña en la medida en que incide en el funcionamiento material de la justicia en esa comunidad. **¿Qué cambia o establece?** Actualiza y amplía el acuerdo de traspaso de 1990, añadiendo los medios económicos necesarios para sostener los nuevos órganos judiciales que se han puesto en marcha desde entonces. Concretamente, obliga a transferir los créditos presupuestarios del Ministerio de Justicia a la sección de financiación autonómica de los Presupuestos Generales del Estado, y prevé la revisión del Fondo de Suficiencia Global para ajustar la financiación de Cataluña en consecuencia. Entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE y en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.
💬 Contexto ciudadano
El traspaso de la gestión de medios personales y materiales de la Administración de Justicia a Cataluña se inició con el RD 966/1990, siendo Cataluña la primera comunidad en asumir estas competencias. Este Real Decreto amplía los medios traspasados para actualizar el acuerdo a las necesidades actuales —creación de nuevas unidades judiciales, digitalización, nuevos edificios—, siguiendo la metodología de la Comisión Mixta Estado-Generalitat. Junto con el País Vasco, Andalucía, Comunitat Valenciana, Canarias, Galicia, Aragón y Navarra, Cataluña forma el grupo de CCAA con competencias de gestión de medios judiciales, siendo las restantes CCAA dependientes del Ministerio de Justicia para el funcionamiento de sus juzgados y tribunales.