Ley 8/2022, de 17 de noviembre, de modificación de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que modifica el presupuesto regional aprobado a principios de 2022 para poder pagar a los empleados públicos un aumento de sueldo adicional ordenado por el Gobierno central a finales de ese mismo año. **¿A quién afecta?** Afecta al personal al servicio del sector público de la Región de Murcia —funcionarios, personal laboral y empleados de organismos, empresas públicas, fundaciones y consorcios autonómicos— que tiene derecho a cobrar la subida salarial adicional del 1,5 % sobre las retribuciones vigentes al 31 de diciembre de 2021. **¿Qué cambia o establece?** La ley amplía las partidas de gasto e ingreso del presupuesto regional de 2022 para financiar ese incremento salarial del 1,5 %, valiéndose de un mecanismo excepcional de endeudamiento autorizado por el Estado. Encarga a la Intervención General los ajustes contables necesarios, aclarando que dichos ajustes no computan como modificaciones de crédito ordinarias. Además, declara que determinadas pólizas de crédito a corto plazo con saldo vivo a 31 de diciembre de 2022 tendrán la consideración de endeudamiento estructural, con el fin de regularizar contablemente esas operaciones financieras.
💬 Contexto ciudadano
El RDL 18/2022 del Gobierno central ordenó una subida salarial adicional del 1,5% para los empleados públicos de todas las administraciones, con cargo a los presupuestos de 2022. Esta Ley modifica el presupuesto regional murciano para habilitar la partida necesaria y cumplir la obligación legal. Las modificaciones presupuestarias en mitad de ejercicio son un instrumento ordinario del derecho presupuestario autonómico, requiriendo siempre aprobación parlamentaria cuando suponen modificaciones sustanciales del estado de gastos. La subida fue parte del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, siendo de obligada aplicación para todas las CCAA con independencia de su situación presupuestaria.