Ley 25/2022, de 1 de diciembre, sobre precursores de explosivos.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 25/2022, de 1 de diciembre, es la norma española que regula el acceso, la compra, la posesión y el uso de los llamados "precursores de explosivos", es decir, sustancias químicas que pueden emplearse para fabricar explosivos de manera artesanal. Su aprobación responde a la obligación de adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento europeo 2019/1148, que endureció las reglas vigentes desde 2013 tras comprobar que estas eran insuficientes para evitar que delincuentes y terroristas accedieran a dichas sustancias. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a los particulares —personas físicas y jurídicas— que deseen adquirir, introducir en España, poseer o utilizar estas sustancias. También obliga a los operadores económicos (tiendas, distribuidores, mercados en línea) que las vendan o pongan a disposición del público, quienes deben informar a sus clientes sobre las restricciones existentes, identificar a todos los compradores y comunicar a las autoridades cualquier transacción que resulte sospechosa. **¿Qué cambia o establece?** La ley crea un sistema de licencias que los particulares deben obtener para poder acceder legalmente a las sustancias restringidas, y prohíbe directamente que los particulares importen estas sustancias desde países fuera de la Unión Europea. Además, suprime la posibilidad de conceder nuevas licencias para cuatro sustancias concretas —clorato potásico, perclorato potásico, clorato sódico y perclorato sódico— por no tener un uso legítimo reconocido para ciudadanos particulares. Se establecen asimismo obligaciones de información en etiquetas y fichas de seguridad, y se fija un régimen de sanciones proporcionadas y disuasorias para quienes incumplan estas disposiciones.
💬 Contexto ciudadano
El Reglamento UE 2019/1148 sobre precursores de explosivos —como peróxido de hidrógeno concentrado, nitrato amónico o nitrato de potasio— reemplazó al Reglamento 98/2013 con restricciones más estrictas para el público general y obligaciones reforzadas de declaración de operaciones sospechosas. Esta Ley adapta el ordenamiento español al nuevo Reglamento europeo, estableciendo las autoridades competentes de control, el régimen sancionador y el sistema de registro de operadores profesionales. La regulación de precursores de explosivos ganó urgencia tras atentados terroristas europeos con bombas caseras, siendo su control efectivo un desafío compartido por todos los Estados miembros que requiere cooperación policial transfronteriza para ser eficaz.