Sentencia de 4 de octubre de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 151/2021 contra la disposición transitoria primera, el apartado quinto de la disposición final segunda, y la disposición final tercera del Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 4 de octubre de 2022, que resuelve un recurso judicial presentado por varias empresas contra partes del Real Decreto 159/2021, que regula los servicios de grúas y vehículos de auxilio en carretera. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a las empresas que prestan servicios de auxilio en vías públicas (grúas, asistencia en carretera), así como a las autoridades que aplican dicho Real Decreto. Indirectamente, puede afectar a cualquier ciudadano o empresa que opere vehículos sujetos a esa normativa. **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal estima parcialmente el recurso y anula un fragmento concreto de la disposición transitoria primera del Real Decreto 159/2021: la frase «fabricadas con anterioridad a la aprobación de este real decreto». Eso significa que ese inciso deja de tener validez legal. El resto de los preceptos impugnados —el apartado quinto de la disposición final segunda y la disposición final tercera— no son anulados, por lo que siguen en vigor. No se imponen costas a ninguna de las partes.
💬 Contexto ciudadano
El RD 159/2021 reguló por primera vez de forma integral los servicios de grúas y vehículos de auxilio en vías públicas, estableciendo requisitos técnicos, de personal y de licitación. Las empresas del sector impugnaron su disposición transitoria y varias disposiciones finales por vulnerar la autonomía contractual, la libertad de empresa y las competencias autonómicas. El TS estimó parcialmente el recurso, anulando las disposiciones impugnadas por exceder la habilitación legal o producir efectos retroactivos desproporcionados. La sentencia obliga a revisar el marco regulatorio del sector, que afecta a millones de conductores y a las aseguradoras que prestan asistencia en carretera, devolviendo al legislador la responsabilidad de establecer el equilibrio entre regulación pública y libre competencia.