Ley OrdinariaNacionalvigente

Ley Foral 29/2022, de 8 de noviembre, de concesión de un crédito extraordinario, por un importe de 20.000.000 euros, para el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial.

BOE-A-2022-19293Publicada: 22/11/2022COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una ley foral de Navarra que autoriza un gasto extraordinario de 20 millones de euros para financiar ayudas a empresas que sufrieron un aumento excepcional en sus facturas de energía (electricidad y gas) como consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania. **¿A quién afecta?** Afecta a empresas y autónomos de Navarra que incurrieron en sobrecostes energéticos entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre de 2022. Se estima que pueden ser beneficiarias hasta 4.000 empresas, con un límite máximo de ayuda de 500.000 euros por empresa, salvo las del sector de la pesca, la acuicultura o la producción agrícola primaria, que tienen condiciones distintas según la normativa europea. **¿Qué cambia o establece?** Crea una partida presupuestaria nueva de 20 millones de euros destinada exclusivamente a estas ayudas energéticas, financiada con ingresos del IRPF ya previstos en el presupuesto de Navarra. Al no existir previamente ese crédito en el presupuesto del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, fue necesario aprobar esta ley para habilitarlo con carácter urgente, ya que las ayudas debían concederse antes del 31 de diciembre de 2022 según el marco europeo de ayudas temporales aprobado por la Comisión Europea.

💬 Contexto ciudadano

La guerra de Rusia contra Ucrania disparó los precios del gas y la electricidad, generando impacto severo en las empresas industriales navarras que el presupuesto ordinario no podía afrontar. Esta Ley Foral concede un crédito extraordinario de 20 millones de euros para ayudas directas a empresas afectadas por la escalada energética, siguiendo el Marco Temporal de Crisis de Ayudas de Estado aprobado por la Comisión Europea en marzo de 2022. Navarra, con su régimen fiscal propio del Convenio, tiene mayor margen de actuación que las CCAA del régimen común, permitiendo una respuesta más ágil y cuantiosa que otras administraciones autonómicas ante una crisis energética cuyo impacto industrial fue especialmente grave en sectores como la automoción, la química y la alimentación.

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