Ley 36/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 17/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que cede a Galicia la gestión de un impuesto sobre la eliminación de residuos. Este impuesto grava cuando se depositan residuos en vertederos, se incineran o se someten a coincineración en Galicia. Es decir, a partir de esta ley, Galicia recauda y gestiona directamente este tributo que antes era completamente estatal. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a empresas y gestores de residuos que operan en Galicia, pues deben pagar este impuesto cuando depositan, incineran o coincineran residuos en territorio gallego. También afecta a la Comunidad Autónoma de Galicia, que ahora recibe estos ingresos y puede gestionarlos según sus necesidades. **¿Qué cambia o establece?** La ley establece que Galicia recibe todo el dinero que se recaude por este impuesto en su territorio. Además, Galicia puede aumentar los tipos impositivos del tributo según considere, aunque dentro de los límites que fija la ley general. Galicia es responsable de gestionar, liquidar, recaudar e inspeccionar este impuesto. La ley entra en vigor el 1 de enero de 2023.
💬 Contexto ciudadano
La gestión de residuos en Galicia presenta desafíos derivados de su estructura territorial de alta dispersión poblacional —municipios pequeños, aldeas dispersas— que dificultan la recogida separada y el acceso a infraestructuras de reciclaje. La Sociedad Gallega del Medio Ambiente (SOGAMA) gestiona el tratamiento de la fracción resto de los residuos domésticos mediante valorización energética, lo que hace relevante el componente del impuesto relativo a la coincineración. Comparativamente con Cataluña y el País Vasco, Galicia tiene un sistema de gestión de residuos con mayor protagonismo público y menor participación del sector privado. La cesión del impuesto refuerza los recursos propios para la inversión en la red de puntos limpios y la mejora de la recogida separada en las zonas rurales, donde las tasas de separación en origen son significativamente inferiores a las urbanas. La ley 36/2022 sigue el mismo modelo que las cesiones simultáneas a Andalucía, Canarias, Cataluña, Valencia, Baleares y otras CCAA.