Ley 35/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que cede el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración de residuos a la Comunitat Valenciana. Modifica la ley anterior de cesión de tributos a esta comunidad autónoma para incluir este nuevo impuesto como uno de los que gestiona directamente. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a la Comunitat Valenciana, que obtiene potestad para recaudar y gestionar este impuesto en su territorio. También afecta a empresas y ciudadanos que depositen residuos en vertederos o realicen incineración o coincineración en tierras valencianas, pues la comunidad puede aumentar el porcentaje de este impuesto. **¿Qué cambia o establece?** Establece que toda la recaudación del impuesto sobre residuos irá a la Comunitat Valenciana según donde se realice la actividad. La comunidad obtiene competencia para gestionar, recaudar e inspeccionar este impuesto, así como para incrementar los tipos impositivos. La ley entra en vigor el 1 de enero de 2023.
💬 Contexto ciudadano
La Comunitat Valenciana recibe mediante la Ley 35/2022 la cesión del Impuesto sobre el depósito de residuos, incineración y coincineración, modificando la Ley 23/2010 de cesión de tributos. Valencia tiene una problemática específica en gestión de residuos relacionada con su industria turística y agroalimentaria: grandes generadores estacionales de residuos orgánicos y de envases. La Comunitat tiene infraestructuras de tratamiento relativamente desarrolladas pero ha sido objeto de críticas por la gestión de algunos vertederos costeros que han generado conflictos medioambientales con poblaciones próximas. La cesión del impuesto, con potestad de incremento de tipos, puede servir como instrumento de política ambiental activa, complementando el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana. Comparativamente con Cataluña, que ya tenía canon propio sobre residuos, la CV carece de un instrumento fiscal autonómico equivalente, por lo que la cesión del impuesto estatal cubre un vacío relevante en su toolkit de política ambiental para incentivar la economía circular.