Ley 34/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que cede a Cataluña el impuesto que se cobra cuando se depositan residuos en vertederos o se incineran, un impuesto que antes era estatal. La ley modifica otra ley anterior (de 2010) que regulaba qué impuestos recaudaba el Estado y cedía a Cataluña. Esta cesión entra en vigor desde el 1 de enero de 2023. **¿A quién afecta?** A Cataluña, que a partir de esta ley recibe los ingresos que genera ese impuesto sobre residuos en su territorio. También afecta a empresas y gestores de residuos que depositan en vertederos o incineran residuos en Cataluña, porque ahora responden ante la administración catalana, no la estatal, para ese impuesto en concreto. **¿Qué cambia o establece?** Cataluña recibe el dinero que se recauda por ese impuesto sobre residuos según dónde se realice la actividad (depósito, incineración o coincineración) en su territorio. Cataluña puede además aumentar los tipos de ese impuesto por su cuenta. La gestión, recaudación e inspección del impuesto pasarán a hacerla la administración tributaria de Cataluña, no la estatal.
💬 Contexto ciudadano
El Impuesto sobre el depósito de residuos se cede a Cataluña mediante la Ley 34/2022, que modifica la Ley 16/2010 de cesión de tributos. Cataluña tiene ya uno de los sistemas más avanzados de gestión de residuos de España, con tasas de reciclaje superiores a la media nacional y una Agència de Residus de Catalunya con amplia autonomía técnica. La cesión refuerza los instrumentos fiscales de la política ambiental catalana, que ya cuenta con el Canon sobre la deposició controlada de residus municipals propio (Llei 8/2008). Comparativamente con el canon catalán, el nuevo impuesto estatal cedido tiene ámbito más amplio (incluye incineración y coincineración) y tipos diferenciados. El debate político sobre la cesión se enmarca en el contexto de las negociaciones sobre financiación singular para Cataluña, siendo estas cesiones impositivas parte de las demandas históricas catalanas de mayor autonomía fiscal, y su aprobación refleja el equilibrio de fuerzas parlamentarias en el período de investidura del gobierno central.