Ley 33/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que cede a Canarias un impuesto sobre la eliminación de residuos. Este impuesto grava cuando se depositan residuos en vertederos, se incineran o se coíncineran (queman con recuperación de energía) en el territorio canario. Es un impuesto creado en 2022 que antes no tenía una Comunidad Autónoma asignada. **¿A quién afecta?** Principalmente a la Comunidad Autónoma de Canarias, que a partir de ahora recibe todo lo que se recaude de este impuesto en sus islas y puede decidir si sube los tipos impositivos. Secundariamente afecta a empresas, industrias y ciudadanos en Canarias que generan residuos y los entregan en estas instalaciones, pues sus impuestos ahora benefician directamente a su región. **¿Qué cambia o establece?** A partir del 1 de enero de 2023, Canarias recibe todo el dinero que genera este impuesto dentro de sus territorios, gestiona su recaudación (o lo hace la Administración Tributaria estatal en su nombre), y puede aumentar las tarifas del impuesto si lo decide. Antes no existía esta cesión; ahora el impuesto sobre residuos es uno más de los tributos que Canarias administra directamente.
💬 Contexto ciudadano
La gestión de residuos en las islas presenta desafíos estructurales específicos: mayor coste del transporte interinsular, imposibilidad de economías de escala comparables al continente, y elevada presión de residuos turísticos per cápita. La cesión del Impuesto sobre residuos a Canarias aporta recursos propios para financiar mejoras en su sistema de gestión, que ha sido objeto de procedimientos de infracción europeos por incumplimiento de los objetivos de reciclaje de la Directiva Marco. Comparativamente con otras regiones insulares europeas (Baleares, Córcega), Canarias tiene un sistema de gestión de residuos menos desarrollado en las islas menores. La potestad de incrementar los tipos puede crear incentivos económicos eficientes para los generadores de residuos, especialmente el sector hotelero, incentivándolos a reducir su generación y mejorar la separación en origen, en línea con los objetivos de la Estrategia Canaria de Economía Circular y los compromisos del Plan de Recuperación español.