Ley 32/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley que modifica cómo el Estado cede tributos (impuestos) a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Añade un nuevo impuesto a los que Andalucía ya recaudaba: el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Este es un impuesto indirecto que grava a quienes entregan residuos para su eliminación o tratamiento energético. **¿A quién afecta?** Afecta a Andalucía, que a partir de ahora recibe los ingresos que genera este impuesto en su territorio. Afecta también a las empresas y entidades que depositan, incineran o coincineran residuos, que deben pagar este tributo. **¿Qué cambia o establece?** Establece que el dinero del impuesto va a Andalucía según dónde se realicen las actividades gravadas; permite que Andalucía incremente los tipos del impuesto si lo decide; la recaudación y gestión pueden realizarla la Agencia Tributaria estatal o las oficinas equivalentes de Andalucía; la ley entra en vigor el 1 de enero de 2023.
💬 Contexto ciudadano
El Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos fue creado por la Ley 7/2022. Como nuevo tributo estatal, requería ser cedido expresamente a las CCAA mediante las respectivas leyes de cesión. Esta ley transfiere a Andalucía la recaudación del impuesto generada en su territorio, con potestad para incrementar los tipos hasta un 50%, reforzando el principio de quien contamina paga. La política de residuos en Andalucía enfrenta el reto de la alta proporción de residuos que van a vertedero —superior a la media española— y la insuficiente capacidad de reciclaje y valorización energética. La cesión del impuesto introduce un incentivo financiero directo para que Andalucía invierta en alternativas a los vertederos, siendo coherente con los objetivos del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos y con la Directiva Marco de Residuos que impone objetivos de reciclaje del 65% para 2035.