Ley 29/2022, de 21 de diciembre, por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre Eurojust, y se regulan los conflictos de jurisdicción, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que actualiza las normas españolas para adaptarlas a un nuevo reglamento europeo sobre Eurojust, que es el organismo de la Unión Europea encargado de coordinar la cooperación judicial entre países en casos de delincuencia grave. También regula cómo resuelven los tribunales españoles quién tiene autoridad para actuar cuando un delito afecta a varios países, cómo cooperan las autoridades judiciales españolas a nivel internacional, y cómo se organiza el personal español que trabaja fuera del país para el Ministerio de Justicia. **¿A quién afecta?** Afecta a los jueces, fiscales y policías españoles que investigan delitos graves que involucran a dos o más países de Europa. También afecta al personal español destacado en Eurojust y a los funcionarios que trabajan en cooperación judicial internacional desde el exterior. **¿Qué cambia o establece?** Deroga la ley anterior de 2015. Eurojust deja de ser solo una unidad de coordinación y se convierte en una agencia con facultad para actuar directamente en casos urgentes: puede ordenar investigaciones, enviar solicitudes de asistencia y tomar medidas judiciales cuando no se logra contactar a tiempo con la autoridad nacional competente. La ley mantiene estable el marco legal español pero lo armoniza con el nuevo reglamento europeo.
💬 Contexto ciudadano
Eurojust, creado en 2002 como unidad de cooperación judicial, fue refundado como agencia de la UE por el Reglamento 2018/1727 con competencias operativas reforzadas: puede actuar directamente en casos urgentes sin esperar la respuesta de la autoridad nacional. La Ley 29/2022 adapta el ordenamiento español, derogando la Ley 16/2015 e incorporando tres ámbitos: la participación española en Eurojust, el régimen de los conflictos de jurisdicción positivos y negativos entre tribunales españoles y de otros Estados, y la organización del personal del Ministerio de Justicia en el exterior. Comparativamente, la implementación española es de las primeras de la UE en adaptar la legislación nacional al nuevo Reglamento Eurojust. La regulación de los conflictos de jurisdicción —materia históricamente tratada de forma casuística— tiene especial relevancia en el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, donde el incremento de la delincuencia transnacional exige mecanismos ágiles de determinación de la jurisdicción competente para evitar la impunidad.