Ley 12/2022, de 15 de diciembre, del transporte por cable.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que regula las instalaciones de transporte de personas por cable en Euskadi, como teleféricos y funiculares. Sustituye una normativa estatal que quedó antigua porque la tecnología de estos sistemas ha evolucionado mucho en los últimos años. **¿A quién afecta?** A las empresas y administraciones que quieran instalar o explotar sistemas de transporte por cable en Euskadi. También a los ayuntamientos, especialmente los que tienen más de 50.000 habitantes, que ahora tienen responsabilidad sobre estas instalaciones en zonas urbanas. Y a las personas que usan estos transportes. **¿Qué cambia o establece?** Establece que cualquier instalación de transporte por cable necesita autorización administrativa previa y debe cumplir requisitos de seguridad. Crea un registro de todas las instalaciones. Define tres tipos: transporte público como servicio público (requiere proyecto aprobado), transporte público sin ser servicio público (necesita autorización), y transporte privado. Incluye un sistema de inspección periódica de las instalaciones y establece infracciones y sanciones para quien incumpla estas normas.
💬 Contexto ciudadano
El transporte por cable carecía en España de normativa autonómica específica moderna, rigiéndose por legislación estatal desfasada y el Reglamento CE 2016/424. Euskadi, con instalaciones emblemáticas como el Funicular de Artxanda en Bilbao, actualiza su regulación estableciendo autorización previa, registro autonómico e inspección periódica. La ley distingue tres tipos: transporte público como servicio público (concesión), transporte público sin esa condición (autorización) y transporte privado. Comparativamente, Cataluña tiene el Funicular de Montserrat y el Telefèric de Montjuïc como instalaciones de referencia bajo su propia regulación. En el contexto de la movilidad urbana sostenible, los teleféricos urbanos experimentan un renacimiento en ciudades europeas (Brest, Toulouse, Bolzano) como alternativas de bajo impacto ambiental, lo que hace especialmente relevante la actualización del marco regulatorio vasco ante posibles proyectos de movilidad urbana alternativa en las ciudades vascas.