Acuerdo internacional administrativo entre el Ministerio del Interior y la Oficina en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2022.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un acuerdo administrativo internacional firmado el 15 de diciembre de 2022 en Madrid entre el Ministerio del Interior de España y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España. Su base legal es el Acuerdo Marco de Cooperación entre España y ACNUR de 2002, y su propósito es formalizar y financiar la participación del ACNUR en el procedimiento español de reconocimiento de la protección internacional. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a las personas que solicitan protección internacional (asilo o protección subsidiaria) en España, ya que regula la intervención de ACNUR como garantía dentro de ese procedimiento. También afecta institucionalmente al Ministerio del Interior —a través de su Oficina de Asilo y Refugio— y a la Oficina del ACNUR en España, que son las dos partes firmantes y responsables de ejecutar lo acordado. **¿Qué cambia o establece?** El acuerdo establece que el Ministerio del Interior financiará cinco puestos de trabajo especializados en protección internacional dentro de la Oficina del ACNUR en España, aportando 290.850 euros para el ejercicio 2022. A cambio, esos cinco especialistas del ACNUR participarán en el procedimiento de reconocimiento de protección internacional conforme a lo previsto en la Ley 12/2009. El ACNUR deberá justificar documentalmente los gastos en el primer trimestre de 2023 y devolver cualquier remanente no utilizado. Se crea además una Comisión de Seguimiento, sin coste adicional, para supervisar la ejecución del acuerdo.
💬 Contexto ciudadano
España contaba desde 2002 con un Acuerdo Marco de cooperación con ACNUR, pero carecía de un instrumento operativo específico que financiara la participación de especialistas internacionales en los procedimientos de asilo. Este acuerdo de 2022 materializa esa colaboración mediante fondos públicos —algo que otras CCAA no pueden replicar pues el asilo es competencia estatal exclusiva del Ministerio del Interior—. En el contexto europeo, cumple con las obligaciones derivadas de las Directivas UE 2013/32 y 2011/95 sobre procedimientos y estándares de protección internacional, aunque va más allá al garantizar supervisión internacional sin coste burocrático adicional. El acuerdo afecta principalmente a solicitantes de protección internacional que se benefician de una evaluación más rigurosa y garantizada por un actor imparcial como ACNUR, mejorando la calidad de las decisiones administrativas y reduciendo el riesgo de errores en casos donde la vida de las personas está en juego.