Decreto-ley 10/2022, de 29 de septiembre, por el que se actualiza el importe del complemento por menor a cargo de la Prestación Canaria de Inserción, así como se autoriza la cesión de datos de las personas beneficiarias de dicha prestación para su participación en programas piloto de inclusión social subvencionados por el Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Decreto-ley 10/2022, de 29 de septiembre, es una norma urgente aprobada por el Gobierno de Canarias que hace dos cosas concretas: sube la cantidad mensual que reciben las familias con menores a cargo dentro de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), y autoriza que los datos de quienes cobran esa prestación puedan compartirse con una entidad social para que puedan participar en programas piloto de inclusión social financiados por el Estado. **¿A quién afecta?** Afecta a las familias que en ese momento percibían la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y tenían uno o más menores de edad viviendo con ellas —unas 4.504 familias según los datos de septiembre de 2022—, así como a quienes pudieran darse de alta en la prestación hasta que entrara en vigor la futura Renta Canaria de Ciudadanía. También afecta a la entidad Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN-Canarias), que podrá recibir datos de esas familias para gestionar los itinerarios piloto de inclusión. **¿Qué cambia o establece?** Por un lado, el complemento mensual por cada menor a cargo que formaba parte de la PCI sube de 50 euros a 80 euros a partir de octubre de 2022, como respuesta al aumento del coste de vida y la inflación. Por otro lado, se autoriza de forma extraordinaria la cesión de datos personales de las unidades de convivencia beneficiarias de la PCI a EAPN-Canarias, para que esas familias puedan participar en los itinerarios piloto de inclusión social subvencionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al amparo del Real Decreto 378/2022.
💬 Contexto ciudadano
# Contexto Comparativo La Prestación Canaria de Inserción ya existía como mecanismo de apoyo a familias en riesgo de pobreza, pero el complemento por menor (50 euros) se mantenía desde años atrás sin actualización inflacionaria. Este Decreto-ley responde a dinámicas similares en otras comunidades autónomas con rentas mínimas propias (Cataluña, País Vasco, Andalucía), aunque Canarias opta por una subida discreta en lugar de reformas estructurales. A nivel estatal, se alinea con la lógica del Real Decreto 378/2022, que financia programas piloto de inclusión. En el marco europeo, la medida responde parcialmente a directivas de inclusión activa, aunque su alcance sigue siendo inferior a garantías de renta mínima más robustas. Solo Canarias implementa esta versión específica; comunidades autónomas con rentas mínimas consolidadas han ido más allá. Para el ciudadano canario, significa protección mejorada ante la inflación, pero la cesión automática de datos plantea tensiones entre inclusión social y privacidad que otras regiones gestionan con mayores salvaguardas, generando vulnerabilidad administrativa para familias vulnerables.