Sentencia de 7 de noviembre de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Disa Gas, SAU, contra la inactividad del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que iniciara la tramitación de urgencia del procedimiento administrativo de elaboración de la disposición adicional 33.ª.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de los Hidrocarburos (LSH).
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Tribunal Supremo ha obligado al Ministerio de Transición Ecológica a ponerse a trabajar en una modificación legal sobre el sector del gas. La empresa Disa Gas reclamaba que el ministerio llevaba demasiado tiempo sin hacer nada, y el tribunal le ha dado la razón. Ahora el ministerio debe comenzar el proceso para cambiar las reglas que afectan a las empresas gasistas, concretamente una disposición adicional (una sección especial) de la ley del sector de los hidrocarburos (petróleo y gas). **A quién afecta** Principalmente a Disa Gas y otras empresas del sector del gas natural, que necesitan certeza legal sobre cómo operan. También afecta indirectamente a los consumidores finales de gas, ya que estas normas influyen en el mercado energético. **Qué cambia** El ministerio tiene que activar el procedimiento administrativo (es decir, las trámites legales necesarios) de manera urgente. Esto significa que debe evaluar qué cambios legales son necesarios y procesarlos más rápido de lo normal. Hasta ahora, la inactividad del ministerio dejaba el marco legal en suspenso para las empresas gasistas. **Cuándo** Esta sentencia es del 7 de noviembre de 2025 y es vinculante (el ministerio debe cumplirla inmediatamente
💬 Contexto ciudadano
La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio de Transición Ecológica a tramitar la disposición adicional 33.ª.2 de la Ley del Sector de Hidrocarburos es una respuesta a la inactividad administrativa denunciada por Disa Gas, empresa distribuidora de gas en Canarias. La obligación de iniciar un procedimiento normativo bajo pena de vulnerar el principio de buena administración es una forma de control judicial de la inacción del ejecutivo especialmente relevante en España, donde el Tribunal Supremo ha ampliado en los últimos años el alcance del recurso contra la inactividad. La disposición en cuestión regula aspectos del régimen de garantías de suministro de gas en zonas sin conexión a la red continental, lo que afecta especialmente a archipiélagos. Para el sector del gas canario, la sentencia fuerza al ministerio a regular una materia pendiente con impacto en las tarifas y la seguridad de suministro.